Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Ver Reglamento completo

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El Reglamento de la Unión Europea 2016/1103 del Consejo, de fecha 24 de junio (DIARIO UE 8 de julio de 2016) regula las cuestiones relativas a la aplicación de regímenes económicos-matrimoniales, competencia, e ley aplicable y es de aplicación universal. Asimismo, regula la fuerza ejecutiva de las resoluciones judiciales y documentos públicos expedidos en relación a esta materia.  Se dicta en el marco de la cooperación reforzada entre algunos de los Estados Miembro. Entrada en vigor: 20 días desde su publicación oficial, con reglas excepcionales (artículo 70). Pincha aquí para descargar el Reglamento completo.

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El Parlamento Europeo aprueba un Reglamento para que los documentos públicos emitidos en un país de la Unión sean aceptados como auténticos en otro Estado miembro sin necesidad de llevar una estampilla de autenticación (la apostilla), a la vez que suprime la obligación de los ciudadanos de facilitar copia compulsada o traducción jurada de los documentos públicos.

El Reglamento pondrá fin a una serie de procedimientos burocráticos:

  • Los documentos públicos (por ejemplo, certificados de nacimiento, matrimonio o antecedentes penales) emitidos en un país de la Unión han de ser aceptados como auténticos en otro Estado miembro sin necesidad de llevar una estampilla de autenticación (es decir, la apostilla).
  • El Reglamento suprime también la obligación de los ciudadanos de facilitar siempre una copia compulsada o una traducción jurada de los documentos públicos.
  • El Reglamento establece salvaguardias contra el fraude: si la autoridad receptora tiene dudas fundadas sobre la autenticidad de un documento público, podrá comprobar esa autenticidad ante la autoridad de expedición en el otro país a través de la actual plataforma informática, el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI).

El Reglamento solo trata de la autenticidad de los documentos públicos, de manera que los Estados miembros seguirán aplicando sus normas nacionales relativas al reconocimiento del contenido y los efectos de un documento público expedido en otro país de la Unión.

Publicación y entrada en vigor

El Reglamento sobre documentos públicos estará disponible, tras su firma por los colegisladores.

A continuación los Estados miembros disponen de dos años y medio a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento para adoptar todas las medidas necesarias al efecto de permitir la correcta aplicación del Reglamento al final de ese período

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Obligación que incumbe al juez nacional de examinar de oficio si se cumplen las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores se aplica en los procedimientos concursales

El art. 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa procesal nacional, como la controvertida en el litigio principal, que, en un procedimiento concursal, por un lado, no permite que el juez concursal examine de oficio el carácter supuestamente abusivo de las cláusulas contractuales de las que se derivan los créditos comunicados en el marco de tal procedimiento, aunque este juez disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello, y que, por otro lado, sólo permite que dicho juez examine los créditos que no vayan acompañados de una garantía, y ello únicamente en relación con un número limitado de alegaciones basadas en la prescripción o en la extinción de tales créditos.

El órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio relativo a unos derechos de crédito derivados de un contrato de crédito tiene la obligación de examinar de oficio si se cumple la obligación de información establecida en la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y de deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional para el incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones respeten las exigencias del art. 23 de la misma Directiva.

Ponente: Toader, C.

Asunto C-377/2014: Radlinger y Radlingerová.

En agosto de 2011, los esposos Radlinger celebraron un contrato de crédito al consumo con la sociedad Smart Hypo por importe de 1 170 000 coronas checas (CZK) (unos 43 000 euros). Se comprometieron a devolver al acreedor 2 958 000 CZK (unos 109 500 euros) en 120 mensualidades (la TAE 1 del crédito ascendía al 28,9 %) y a abonarle cuantiosas penalizaciones en caso de que no lograsen dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales.

En septiembre de 2011, la sociedad Finway, a quien Smart Hypo había cedido los créditos que tenía frente a los esposos Radlinger, instó a éstos a devolver inmediatamente la totalidad de la deuda, incluidos los intereses, los gastos y las penalizaciones. Motivó esta petición basándose en que, al celebrar el contrato, los esposos Radlinger no le habían informado de que se había decretado un embargo de sus bienes por importe de 4 285 CZK (unos 160 euros).

En abril de 2013, el Krajský soud v Praze (Tribunal regional de Praga, República Checa) declaró a los esposos Radlinger en concurso de acreedores e inició un procedimiento concursal contra ellos.

En el marco de ese procedimiento, la pareja impugnó el importe exigido por Finway (4 405 531 CZK, esto es, unos 163 000 euros). En este contexto, el Krajský soud v Praze pregunta al Tribunal de Justicia si las normas de Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores se oponen a la normativa checa, que no permite al juez que ha de pronunciarse sobre el procedimiento concursal examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual estipulada en un contrato celebrado con consumidores. El órgano jurisdiccional checo desea además que se dilucide si el juez nacional debe comprobar de oficio si la información relativa a los contratos de crédito al consumo que ha de indicarse en esos contratos se ha hecho constar de forma clara y concisa.

En la presente sentencia, el Tribunal de Justicia declara que la obligación que incumbe al juez nacional de examinar de oficio que los profesionales se atengan a las normas del Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores se aplica en los procedimientos concursales. Lo mismo cabe decir respecto de las normas relativas a los contratos de crédito al consumo.

Así, el Tribunal de Justicia declara que la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores se opone a la normativa checa que no permite que, dentro de un procedimiento concursal, el juez examine el carácter abusivo de una cláusula estipulada en un contrato de crédito al consumo, aunque disponga de los datos de hecho y de Derecho necesarios para ello. La misma Directiva se opone además a la normativa controvertida en la medida en que únicamente permite impugnar algunos de los créditos y tan sólo mediante un número limitado de alegaciones (prescripción o caducidad).

Además, el Tribunal de Justicia señala que, en virtud de la 4 Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008 (LA LEY 6793/2008), relativa a los contratos de crédito al consumo, el juez nacional que conoce de un litigio relativo a derechos de crédito derivados de un contrato de ese tipo también debe examinar de oficio si la información relativa al crédito (como, por ejemplo, la TAE) que debe mencionarse en dicho contrato, se ha hecho constar de forma clara y concisa. A continuación, ha de deducir las consecuencias previstas en el Derecho nacional para el incumplimiento de la obligación de información (las sanciones deben tener carácter efectivo, proporcionado y disuasorio).

Asimismo, el Tribunal de Justicia precisa que, en virtud de esta última Directiva, el «importe total del crédito» no puede incluir ninguna cantidad que esté comprendida en el «coste total del crédito», es decir, las cantidades destinadas a satisfacer los compromisos asumidos para la obtención del crédito de que se trate, tales como los gastos administrativos, los intereses, las comisiones o cualquier otro tipo de gastos que el consumidor haya de abonar. La inclusión irregular de estas cantidades en el importe total del crédito tendrá como consecuencia una infravaloración de la TAE, puesto que el cálculo de ésta depende del importe total del crédito, y afectará, por consiguiente, a la exactitud de la información que debe mencionarse en el contrato. Por último, en lo que concierne al examen del carácter abusivo de las penalizaciones impuestas al consumidor que no cumpla sus obligaciones, el Tribunal de Justicia declara que el juez nacional ha de evaluar el efecto acumulativo de todas las cláusulas que figuren en el contrato y, en caso de que compruebe que varias de ellas tienen carácter abusivo, debe excluir todas aquellas que sean abusivas (y no sólo algunas de ellas).

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La actio communi dividundo en el Reglamento «Bruselas I»

STJUE de 17 de diciembre de 2015, Asunto C-605/2014: Virpi Komu, Hanna Ruotsalainen y Ritva Komu c. Pekka Komu y Jelena Komu

El Tribunal de Justicia determina que una acción por la que se reclama judicialmente la designación de un administrador para que proceda a la venta de unos bienes inmuebles en régimen de copropiedad con la finalidad de disolver la comunidad existente pertenece a la categoría de los litigios en materia de derechos reales inmobiliarios contemplada en el artículo 22.1 del Reglamento (CE) nº 44/2001, por lo que su conocimiento compete con carácter exclusivo a los órganos jurisdiccionales del Estado de situación de los bienes inmuebles.

The European Court of Justice states that a claim to appoint an administrator entrusted to sell a property in co-ownership in order to extinguish it falls within the category of proceedings which have as their object rights in rem in immovable property and is referred to in Article 22.1 of Regulation (EC) No 44/2001. Consequently, the courts of the Member State in which the property is located have exclusive jurisdiction.

TJ Sala Séptima, S 17 diciembre 2015 (LA LEY 184545/2015)

Ponente: Toader, C.

Asunto C-605/2014: Komu.

El Sr. Pekka Komu y las Sras. Jelena Komu, Ritva Komu, Virpi Komu y Hanna Ruotsalainen residen en Finlandia y son copropietarios, con una cuota del 25 % cada una de las tres primeras personas, y del 12,5 % cada una de las dos últimas, de un casa situada en Torrevieja (Alicante). La Sra. Ritva Komu es titular además de un derecho de usufructo, inscrito en el Registro de la Propiedad español, de las cuotas pertenecientes a las Sras. Virpi Komu y Hanna Ruotsalainen.

El Sr. Pekka Komu y las Sras. Ritva Komu, Virpi Komu y Hanna Ruotsalainen son además copropietarios, respectivamente, con una cuota del 50 % el Sr. Pekka Komu, con una cuota del 25 % la Sra. Ritva Komu y con una cuota del 12,5 % las Sras. Virpi Komu y Hanna Ruotsalainen, cada una, de un apartamento situado en el mismo municipio.

La Sra. Ritva Komu es titular además de un derecho de usufructo, inscrito en el Registro de la Propiedad, de las cuotas pertenecientes a las Sras. Virpi Komu y Hanna Ruotsalainen. Las Sras. Ritva Komu, Virpi Komu y Hanna Ruotsalainen deseaban obtener la liquidación de las cuotas que tienen en ambos inmuebles, y a falta de acuerdo sobre la disolución de la copropiedad, presentaron ante el Etelä Savon käräjäoikeus (Tribunal de primera instancia de Savonia meridional, Finlandia) una demanda para la designación de un abogado como fideicomisario para la venta de esos inmuebles y la fijación de un precio mínimo de venta de cada una de ellos.

Alegando que el art. 22, punto 1, del Reglamento núm. 44/2001 establece la competencia exclusiva en materia de derechos reales inmobiliarios de los tribunales del Estado miembro en el que está situado el inmueble, el Sr. Pekka Komu y la Sra. Jelena Komu objetaron la inadmisibilidad de esa demanda, y precisaron que una eventual resolución sobre el fondo del Etelä Savon käräjäoikeus no podría ser reconocida en España en virtud de esa disposición. Además, esas partes señalaron que la propiedad de los dos inmuebles objeto del litigio principal estaba gravada por un derecho de usufructo inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de la Sra. Ritva Komu y que esa carga podía obstaculizar la venta de esos inmuebles a un tercero.

Por resolución de 9 de octubre de 2012, tras declararse competente para pronunciarse sobre el fondo del litigio principal, el Etelä Savon käräjäoikeus estimó la demanda, designó a un fideicomisario, le encomendó la venta en subasta de los referidos inmuebles y el reparto del producto de la venta entre los copropietarios y fijó el precio mínimo de venta de éstos.

El Sr. Pekka Komu y la Sra. Jelena Komu apelaron contra esa sentencia ante el Itä Suomen hovioikeus (Tribunal de apelación de Finlandia oriental). Por resolución de 7 de mayo de 2013 ese último Tribunal estimó que la demanda de disolución de una copropiedad sobre un bien inmueble mediante su venta constituye una acción cuyo objeto es un derecho real inmobiliario, en el sentido del art. 22, punto 1, del Reglamento núm. 44/2001. Por consiguiente, ese Tribunal apreció la competencia de los tribunales españoles, anuló la resolución de primera instancia y, en consecuencia, declaró inadmisible la referida demanda.

El Korkein oikeus (Tribunal Supremo), que conoce de un recurso interpuesto por las demandantes manifiesta sin embargo dudas acerca de si una acción como la ejercida en el litigio principal está sujeta a la competencia exclusiva del Tribunal del Estado miembro en el que está situado el inmueble considerado. Ese Tribunal decidió, por tanto, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el art. 22, punto 1, párrafo primero, del Reglamento núm. 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que pertenece a la categoría de los litigios «en materia de derechos reales inmobiliarios» prevista en esa disposición una acción de disolución de la copropiedad indivisa de un inmueble mediante su venta, encomendada a un fideicomisario.

En la presente decisión el Tribunal de Justicia responde considerando que una demanda de disolución de la copropiedad sobre bienes inmuebles como la ejercida en el litigio principal constituye una acción comprendida en la categoría de los litigios en materia de derechos reales inmobiliarios, correspondiente a la competencia exclusiva de los tribunales del Estado miembro en el que está situado el inmueble. Esa demanda, dirigida a causar una transferencia del derecho de propiedad sobre bienes inmuebles, afecta a derechos reales que producen efectos frente a todos y constituye una acción tendente a asegurar a los titulares de los derechos la protección de las prerrogativas inherentes a su título.

El Tribunal de Justicia destaca que las consideraciones de buena administración de justicia que sustentan el art. 22, punto 1, párrafo primero, del Reglamento núm. 44/2001 apoyan igualmente esa competencia exclusiva cuando la acción tiende, como ocurre en el litigio principal, a la disolución de la copropiedad de un bien inmueble. En efecto, la transferencia del derecho de propiedad de los inmuebles objeto del litigio principal implicará la consideración de circunstancias de hecho y de derecho propias del factor de vinculación, tal y como se establece en el art. 22, punto 1, párrafo primero, del Reglamento núm. 44/2001, a saber, el lugar de ubicación de los inmuebles. Ello incluye, en especial, la circunstancia de que los derechos de propiedad de esos inmuebles, así como los derechos de usufructo que gravan esos derechos, son objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad español conforme al Derecho español, o el hecho de que los procedimientos que regulan la venta, en su caso en subasta, de estos mismos inmuebles son los del Estado miembro en el que están situados éstos, o también el hecho de que, en caso de controversia, la obtención de pruebas se facilitará por la proximidad de ese lugar de ubicación.

En ese sentido, recuerda el Tribunal de Justicia que, tratándose, en particular, de los litigios relativos a los derechos reales inmobiliarios, éstos deben, en general, juzgarse según las normas del Estado en el que esté situado el inmueble, y las controversias a las que den lugar requieren con frecuencia que se efectúen comprobaciones, investigaciones y peritajes que deben realizarse in situ (sentencia ČEZ, C 343/2004). Esa jurisprudencia se puede trasponer al litigio principal en el que, a diferencia del litigio que dio lugar a la sentencia Lieber, C 292/1993, relativa a la indemnización debida por el uso de una vivienda, la determinación del alcance de las condiciones legales para la disolución de la relación de copropiedad, que puede producir efectos frente a todos, corresponde a la competencia de los tribunales del Estado miembro en el que están situados los inmuebles objeto del litigio principal. Así, en caso de que las reglas de Derecho material aplicables en el asunto principal impliquen una evaluación del carácter divisible o indivisible de estos inmuebles con ocasión de la disolución de la relación de copropiedad, esa evaluación podría dar lugar a verificaciones, mediante peritajes, que el Tribunal del Estado miembro en el que están situados dichos inmuebles está en mejores condiciones de ordenar.

En consecuencia el art. 22, punto 1, párrafo primero, del Reglamento núm. 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que una acción de disolución de la copropiedad indivisa de un inmueble mediante su venta, encomendada a un fideicomisario, pertenece a la categoría de los litigios «en materia de derechos reales inmobiliarios» prevista en esa disposición.

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El DOUE ha publicado el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). Leer más

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Requisitos para certificar una resolución como título ejecutivo europeo y los derechos de defensa del deudor

STJUE de 17 de diciembre de 2015, asunto C-300/14: Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA

En la Sentencia de 17 de diciembre de 2015, asunto C-300/14, Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta por primera vez los requisitos que deben cumplirse para certificar una resolución como título ejecutivo europeo. En concreto, el relativo al cumplimiento de unas normas procesales mínimas que debe respetar el Derecho procesal de cada Estado miembro en aquellos casos excepcionales en los que el deudor, por causas ajenas a su responsabilidad, no ha podido impugnar el crédito o defenderse (artículo 19 Reglamento (CE) núm. 805/2004). La Sentencia confirma que cuando la resolución sobre un crédito no impugnado se ha dictado en ausencia del deudor en el procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución debe estar inseparablemente vinculada a la existencia de una garantía suficiente de que se observen los derechos de la defensa. Leer sentencia completa 

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Tribunal de Justicia de la Unión Europa

Sentencia nº C-264/14 de Tribunal de Justicia, 22 de Octubre de 2015

Fecha de Resolución: 22 de Octubre de 2015

Emisor: Tribunal de Justicia

Número de Resolución: C-264/14

Texto

Contenidos

Procedimiento prejudicial – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) – Directiva 2006/112/CE  – Artículos 2, apartado 1, letra c), y 135, apartado 1, letras d) a f) – Servicios a título oneroso – Operaciones de cambio de la divisa virtual “bitcoin” por divisas tradicionales – Exención»

En el asunto C-264/14, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Högsta förvaltningsdomstolen (Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo, Suecia), mediante resolución de 27 de mayo de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2014, en el procedimiento entre Skatteverket  y David Hedqvist. Leer la sentencia completa

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La Comisión Europea propone modernizar las normas contractuales en materia digital para simplificar y fomentar el acceso a los contenidos digitales y las ventas en línea en la U.E. Cumpliendo con su Estrategia para el mercado único digital, la Comisión ha presentado esta semana dos propuestas destinadas a proteger mejor a los consumidores que compran en línea en la U.E. y a ayudar a las empresas a incrementar sus ventas en línea. Uno de los pilares de la Estrategia para el mercado único digital consiste en garantizar a los consumidores y las empresas de toda Europa un mejor acceso a bienes y servicios en línea. Aunque el comercio electrónico está creciendo, las empresas y consumidores de Europa siguen sin poder aprovechar su pleno potencial: solo el 12% de los comerciantes de la U.E. venden en línea a los consumidores de otros países de la U.E., mientras que los que lo hacen en su propio país son tres veces más (37%). Del mismo modo, solo el 15% de los consumidores compra en línea en otro país de la U.E., mientras que son aproximadamente tres veces más (44%) los que lo hacen en su propio país. Las dos propuestas aprobadas están dirigidas, una al suministro de contenidos digitales (por ejemplo, la transmisión en directo de música) y otra a la venta de mercancías en línea (por ejemplo la compra de ropa). Las dos propuestas abordarán los principales obstáculos para el comercio electrónico transfronterizo en la UE: la fragmentación jurídica en materia de Derecho contractual de los consumidores, que implica costes elevados para las empresas, especialmente las pymes, y el bajo nivel de confianza de los consumidores a la hora de comprar en línea en otro país. La supresión de las barreras originadas por las diferencias en el Derecho contractual deberá suponer un beneficio global para la economía europea. Se espera que más de 122 000 empresas de la U.E. empiecen a vender sus productos a consumidores de otros Estados miembros; y el número total de consumidores que compran en línea en otros países de la U.E. podría llegar hasta 70 millones. Se abrirán nuevos mercados, especialmente para las pymes, aumentará la competencia y todo ello contribuirá al crecimiento económico: se espera que unos precios al consumidor más bajos relancen el consumo de la U.E. en unos 18 000 millones EUR. y que el P.I.B. crezca en 4 000 millones EUR. desde su nivel actual. Los consumidores se beneficiarán de un mayor nivel de protección y de una mayor variedad de productos a precios más competitivos: ‒ Inversión de la carga de la prueba: Gracias a las nuevas normas propuestas, durante todo el período de dos años de garantía, el consumidor podrá pedir que se solucione la situación sin tener que demostrar que el defecto existía en el momento de la entrega. ‒ Derechos claros y específicos para los contenidos digitales: Con la Directiva propuesta, los consumidores podrán solicitar que se resuelvan los problemas y, si no fuera posible o no se hiciera correctamente, obtener un descuento del precio o dar por finalizado el contrato y que se les reembolse íntegramente. Las empresas deberán poder suministrar contenidos digitales y vender mercancías en línea a consumidores de toda la U.E., según el mismo conjunto de normas contractuales: ‒ Seguridad jurídica y un entorno favorable para las empresas: En la actualidad, las empresas tienen que dedicar tiempo y dinero para adaptarse a las normas de Derecho contractual en los Estados miembros en los que efectúan ventas. Según las normas propuestas, las empresas ya no tendrán que hacer frente a esta fragmentación: deberán poder suministrar contenidos digitales o vender mercancías a consumidores de todos los Estados miembros cumpliendo el mismo conjunto de normas contractuales clave. ‒ Costes menores para las empresas: Actualmente las empresas tienen que hacer frente a un coste único de 9 000 EUR. adicionales para adaptarse a la legislación contractual de cada uno de los nuevos Estados miembros en los que deseen vender. Con las nuevas normas a escala de la U.E., una empresa podría ahorrar hasta 243 000 EUR. en caso de que desee vender en los otros 27 países de la U.E

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Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea

Ha desestimado la anulación del pago de la deuda por estados miembros en estado de precariedad. El tribunal general de la U.E. Ha desestimado la iniciativa ciudadana europea «un millón de firmas por una Europa solidaria»,  la cual pretendía que la comisión europea propusiese instaurar un principio legal por el cual los países en estado de necesidad, como Grecia, pudiesen rehusar el pago de sus deudas. El juez ha considerado que tal propuesta no es competencia de la comisión y no se fundamenta en los tratados.

Un ciudadano griego presentó en 2012 a la Comisión su propuesta «un millón de firmas por una Europa solidaria», mediante la que pretendía instaurar en la legislación europea un principio por el cual un Estado en situación financiera de necesidad pudiese rechazar el pago de sus deudas de manera justificada. Fundamentaba este principio en los artículos de política económica y monetaria del tratado de Funcionamiento de la U.E. según el tratado de Funcionamiento de la U.E., los ciudadanos pueden instar a la Comisión a presentar ante el legislador de la U.E. una iniciativa ciudadana europea, siempre que se hayan reunido un millón de firmas procedentes de, al menos, cuatro Estados miembros. Antes de comenzar con la recogida, la iniciativa debe ser registrada en la Comisión, que podrá denegar su registro si considera que la propuesta se encuentra fuera de sus competencias.

Eso exactamente fue lo que ocurrió cuando el Ejecutivo comunitario rechazó su registro. El promotor de la iniciativa recurrió entonces al tribunal general de la U.E. para anular la decisión de la Comisión.

El tribunal general ha desestimado el recurso, confirmando que la Comisión no está facultada para proponer un principio que pueda cancelar la deuda pública de países en estado de necesidad.

El juez se ha basado en la legislación de política económica y monetaria del tratado de la U.E. para argumentar que, aunque el Consejo puede proporcionar una ayuda financiera puntual a un Estado miembro en caso de dificultades que dicho país no pueda controlar, un Estado miembro no puede decidir el abandono permanente de su deuda alegando problemas de financiación. Además, el principio del estado de necesidad afectaría a las deudas del Estado miembro con otras personas jurídicas o físicas, no solo con la unión, por lo que no se aplicaría esa ayuda del Consejo.

Por otro lado, el tribunal ha declarado que la cancelación unilateral de la deuda pública de un Estado miembro entraría en conflicto con la libre voluntad de las partes contratantes, consagrada en el tratado.

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EUROPA -Entrada en vigor de la ley europea de sucesiones transfronterizas

En el pasado mes de agosto entró en vigor el nuevo reglamento de sucesiones con el objetivo de facilitar los procesos de herencias transfronterizas dentro de la U.E. a través de la homogeneización. Los Estados miembros de la U.E. tenían diferentes reglamentos nacionales para determinar qué tribunal tenía jurisdicción para lidiar con una herencia transfronteriza y qué ley se aplicaba a dicha sucesión, lo que daba lugar a una falta de claridad en los procesos jurídicos. Hasta ahora, los distintos países podían llevar a cabo procedimientos paralelos con resultados potencialmente opuestos, y otorgando menos oportunidades a la gente para elegir qué ley debía aplicarse a su herencia. En la actualidad, los ciudadanos que preparen un testamento podrán elegir si aplican la ley de su país nacional o la ley del país de su residencia habitual. El nuevo reglamento también introduce un certificado sucesorio europeo que permitirá a los herederos y administradores demostrar su estatus y ejercer sus derechos y facultades en toda la U.E. El Reglamento relativo a las sucesiones se aplicará en todos los Estados miembros de la U.E., excepto el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que optaron por no participar de este instrumento. 

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El Auto del TJUE Sánchez Morcillo II (C-539/14), dictado el pasado 16 de julio de 2015, ha declarado que el actual artículo 695.4 LEC, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2014, en el que se regula el sistema de recursos en el procedimiento de ejecución hipotecaria es una disposición conforme al Derecho de la UE. Con esta decisión, el TJUE confirma que el actual procedimiento de ejecución hipotecaria español, tras las sucesivas reformas experimentadas desde la sentencia Aziz (C-415/11) y en particular, su sistema de recursos, concede al consumidor una protección compatible con la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas.

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REGLAMENTO COMUNITARIO 2015/884, de 8 de junio, por el que se establecen especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para el sistema de interconexión de registros establecido por la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del  Consejo (DUE 10 de junio de 2015)

Este Reglamento implementa las normas de seguridad del “sistema de interconexión entre los registros empresariales (BRIS)  y se aplica a los Registros Centrales, Mercantiles y de Sociedades. Establece tanto los estándares de seguridad,  el intercambio de información entre el Registro de la Sociedad y el de la sucursal, la lista de datos que deben intercambiarse ente los registros relativo a sucursales y concentración transfronteriza, así como los que ha de contener la plataforma;  la estructura del mensaje  y del identificados único, su funcionamiento, criterios de búsqueda, disponibilidad de los servicios, medios de pago y los puntos de acceso opcionales