Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Read more

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Requisitos para certificar una resolución como título ejecutivo europeo y los derechos de defensa del deudor

STJUE de 17 de diciembre de 2015, asunto C-300/14: Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA

En la Sentencia de 17 de diciembre de 2015, asunto C-300/14, Imtech Marine Belgium NV c. Radio Hellenic SA, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea interpreta por primera vez los requisitos que deben cumplirse para certificar una resolución como título ejecutivo europeo. En concreto, el relativo al cumplimiento de unas normas procesales mínimas que debe respetar el Derecho procesal de cada Estado miembro en aquellos casos excepcionales en los que el deudor, por causas ajenas a su responsabilidad, no ha podido impugnar el crédito o defenderse (artículo 19 Reglamento (CE) núm. 805/2004). La Sentencia confirma que cuando la resolución sobre un crédito no impugnado se ha dictado en ausencia del deudor en el procedimiento, la supresión de los controles en el Estado miembro de ejecución debe estar inseparablemente vinculada a la existencia de una garantía suficiente de que se observen los derechos de la defensa. Leer sentencia completa 

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Tribunal de Justicia de la Unión Europa

Sentencia nº C-264/14 de Tribunal de Justicia, 22 de Octubre de 2015

Fecha de Resolución: 22 de Octubre de 2015

Emisor: Tribunal de Justicia

Número de Resolución: C-264/14

Texto

Contenidos

Procedimiento prejudicial – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) – Directiva 2006/112/CE  – Artículos 2, apartado 1, letra c), y 135, apartado 1, letras d) a f) – Servicios a título oneroso – Operaciones de cambio de la divisa virtual “bitcoin” por divisas tradicionales – Exención»

En el asunto C-264/14, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Högsta förvaltningsdomstolen (Tribunal Supremo de lo contencioso-administrativo, Suecia), mediante resolución de 27 de mayo de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de junio de 2014, en el procedimiento entre Skatteverket  y David Hedqvist. Leer la sentencia completa

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La Comisión Europea propone modernizar las normas contractuales en materia digital para simplificar y fomentar el acceso a los contenidos digitales y las ventas en línea en la U.E. Cumpliendo con su Estrategia para el mercado único digital, la Comisión ha presentado esta semana dos propuestas destinadas a proteger mejor a los consumidores que compran en línea en la U.E. y a ayudar a las empresas a incrementar sus ventas en línea. Uno de los pilares de la Estrategia para el mercado único digital consiste en garantizar a los consumidores y las empresas de toda Europa un mejor acceso a bienes y servicios en línea. Aunque el comercio electrónico está creciendo, las empresas y consumidores de Europa siguen sin poder aprovechar su pleno potencial: solo el 12% de los comerciantes de la U.E. venden en línea a los consumidores de otros países de la U.E., mientras que los que lo hacen en su propio país son tres veces más (37%). Del mismo modo, solo el 15% de los consumidores compra en línea en otro país de la U.E., mientras que son aproximadamente tres veces más (44%) los que lo hacen en su propio país. Las dos propuestas aprobadas están dirigidas, una al suministro de contenidos digitales (por ejemplo, la transmisión en directo de música) y otra a la venta de mercancías en línea (por ejemplo la compra de ropa). Las dos propuestas abordarán los principales obstáculos para el comercio electrónico transfronterizo en la UE: la fragmentación jurídica en materia de Derecho contractual de los consumidores, que implica costes elevados para las empresas, especialmente las pymes, y el bajo nivel de confianza de los consumidores a la hora de comprar en línea en otro país. La supresión de las barreras originadas por las diferencias en el Derecho contractual deberá suponer un beneficio global para la economía europea. Se espera que más de 122 000 empresas de la U.E. empiecen a vender sus productos a consumidores de otros Estados miembros; y el número total de consumidores que compran en línea en otros países de la U.E. podría llegar hasta 70 millones. Se abrirán nuevos mercados, especialmente para las pymes, aumentará la competencia y todo ello contribuirá al crecimiento económico: se espera que unos precios al consumidor más bajos relancen el consumo de la U.E. en unos 18 000 millones EUR. y que el P.I.B. crezca en 4 000 millones EUR. desde su nivel actual. Los consumidores se beneficiarán de un mayor nivel de protección y de una mayor variedad de productos a precios más competitivos: ‒ Inversión de la carga de la prueba: Gracias a las nuevas normas propuestas, durante todo el período de dos años de garantía, el consumidor podrá pedir que se solucione la situación sin tener que demostrar que el defecto existía en el momento de la entrega. ‒ Derechos claros y específicos para los contenidos digitales: Con la Directiva propuesta, los consumidores podrán solicitar que se resuelvan los problemas y, si no fuera posible o no se hiciera correctamente, obtener un descuento del precio o dar por finalizado el contrato y que se les reembolse íntegramente. Las empresas deberán poder suministrar contenidos digitales y vender mercancías en línea a consumidores de toda la U.E., según el mismo conjunto de normas contractuales: ‒ Seguridad jurídica y un entorno favorable para las empresas: En la actualidad, las empresas tienen que dedicar tiempo y dinero para adaptarse a las normas de Derecho contractual en los Estados miembros en los que efectúan ventas. Según las normas propuestas, las empresas ya no tendrán que hacer frente a esta fragmentación: deberán poder suministrar contenidos digitales o vender mercancías a consumidores de todos los Estados miembros cumpliendo el mismo conjunto de normas contractuales clave. ‒ Costes menores para las empresas: Actualmente las empresas tienen que hacer frente a un coste único de 9 000 EUR. adicionales para adaptarse a la legislación contractual de cada uno de los nuevos Estados miembros en los que deseen vender. Con las nuevas normas a escala de la U.E., una empresa podría ahorrar hasta 243 000 EUR. en caso de que desee vender en los otros 27 países de la U.E

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Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea

Ha desestimado la anulación del pago de la deuda por estados miembros en estado de precariedad. El tribunal general de la U.E. Ha desestimado la iniciativa ciudadana europea «un millón de firmas por una Europa solidaria»,  la cual pretendía que la comisión europea propusiese instaurar un principio legal por el cual los países en estado de necesidad, como Grecia, pudiesen rehusar el pago de sus deudas. El juez ha considerado que tal propuesta no es competencia de la comisión y no se fundamenta en los tratados.

Un ciudadano griego presentó en 2012 a la Comisión su propuesta «un millón de firmas por una Europa solidaria», mediante la que pretendía instaurar en la legislación europea un principio por el cual un Estado en situación financiera de necesidad pudiese rechazar el pago de sus deudas de manera justificada. Fundamentaba este principio en los artículos de política económica y monetaria del tratado de Funcionamiento de la U.E. según el tratado de Funcionamiento de la U.E., los ciudadanos pueden instar a la Comisión a presentar ante el legislador de la U.E. una iniciativa ciudadana europea, siempre que se hayan reunido un millón de firmas procedentes de, al menos, cuatro Estados miembros. Antes de comenzar con la recogida, la iniciativa debe ser registrada en la Comisión, que podrá denegar su registro si considera que la propuesta se encuentra fuera de sus competencias.

Eso exactamente fue lo que ocurrió cuando el Ejecutivo comunitario rechazó su registro. El promotor de la iniciativa recurrió entonces al tribunal general de la U.E. para anular la decisión de la Comisión.

El tribunal general ha desestimado el recurso, confirmando que la Comisión no está facultada para proponer un principio que pueda cancelar la deuda pública de países en estado de necesidad.

El juez se ha basado en la legislación de política económica y monetaria del tratado de la U.E. para argumentar que, aunque el Consejo puede proporcionar una ayuda financiera puntual a un Estado miembro en caso de dificultades que dicho país no pueda controlar, un Estado miembro no puede decidir el abandono permanente de su deuda alegando problemas de financiación. Además, el principio del estado de necesidad afectaría a las deudas del Estado miembro con otras personas jurídicas o físicas, no solo con la unión, por lo que no se aplicaría esa ayuda del Consejo.

Por otro lado, el tribunal ha declarado que la cancelación unilateral de la deuda pública de un Estado miembro entraría en conflicto con la libre voluntad de las partes contratantes, consagrada en el tratado.

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EUROPA -Entrada en vigor de la ley europea de sucesiones transfronterizas

En el pasado mes de agosto entró en vigor el nuevo reglamento de sucesiones con el objetivo de facilitar los procesos de herencias transfronterizas dentro de la U.E. a través de la homogeneización. Los Estados miembros de la U.E. tenían diferentes reglamentos nacionales para determinar qué tribunal tenía jurisdicción para lidiar con una herencia transfronteriza y qué ley se aplicaba a dicha sucesión, lo que daba lugar a una falta de claridad en los procesos jurídicos. Hasta ahora, los distintos países podían llevar a cabo procedimientos paralelos con resultados potencialmente opuestos, y otorgando menos oportunidades a la gente para elegir qué ley debía aplicarse a su herencia. En la actualidad, los ciudadanos que preparen un testamento podrán elegir si aplican la ley de su país nacional o la ley del país de su residencia habitual. El nuevo reglamento también introduce un certificado sucesorio europeo que permitirá a los herederos y administradores demostrar su estatus y ejercer sus derechos y facultades en toda la U.E. El Reglamento relativo a las sucesiones se aplicará en todos los Estados miembros de la U.E., excepto el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, que optaron por no participar de este instrumento. 

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El Auto del TJUE Sánchez Morcillo II (C-539/14), dictado el pasado 16 de julio de 2015, ha declarado que el actual artículo 695.4 LEC, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 11/2014, en el que se regula el sistema de recursos en el procedimiento de ejecución hipotecaria es una disposición conforme al Derecho de la UE. Con esta decisión, el TJUE confirma que el actual procedimiento de ejecución hipotecaria español, tras las sucesivas reformas experimentadas desde la sentencia Aziz (C-415/11) y en particular, su sistema de recursos, concede al consumidor una protección compatible con la Directiva 93/13 sobre cláusulas abusivas.

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REGLAMENTO COMUNITARIO 2015/884, de 8 de junio, por el que se establecen especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para el sistema de interconexión de registros establecido por la Directiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo y del  Consejo (DUE 10 de junio de 2015)

Este Reglamento implementa las normas de seguridad del “sistema de interconexión entre los registros empresariales (BRIS)  y se aplica a los Registros Centrales, Mercantiles y de Sociedades. Establece tanto los estándares de seguridad,  el intercambio de información entre el Registro de la Sociedad y el de la sucursal, la lista de datos que deben intercambiarse ente los registros relativo a sucursales y concentración transfronteriza, así como los que ha de contener la plataforma;  la estructura del mensaje  y del identificados único, su funcionamiento, criterios de búsqueda, disponibilidad de los servicios, medios de pago y los puntos de acceso opcionales