Declaración de La Antigua, 21 de febrero de 2003

La declaración de La Antigua pretende poner de manifiesto la función económica que están llamados a cumplir los sistemas registrales así como los principios organizativos y gestores a los que idealmente deben acomodarse para cumplir dicha función con el más alto grado posible tanto de eficiencia como de eficacia. Se busca así un modelo que sirva de referente a las autoridades de los diferentes países a la hora de instrumentar sus respectivas políticas legislativas sobre una materia de tanta trascendencia para el bienestar público. Para ello es necesario que el sistema institucional instrumente mecanismos eficientes que garanticen la efectividad de los derechos de propiedad. Los registros son la parte del sistema institucional que tiene como función facilitar las transacciones mediante la publicidad de los documentos y/o de los derechos.El sistema registral de fe pública, conocido también como de derechos, es el que cumple en más alto grado y de un modo más eficiente su función. La cualificación, independencia, inamovilidad y responsabilidad del Registrador son esenciales en cualquier sistema registral, pero en mayor medida en un sistema registral de derechos ya que aquí el Registrador crea y extingue derechos con eficacia. Además, en todos los países, incluidos aquellos en los que prevalecen sistemas de seguridad económica, la determinación de la prioridad de los títulos y del alcance de los derechos son tareas encomendadas al registro ex ante y a los jueces ex post respectivamente.Por otro lado, el correcto funcionamiento de un sistema registral de fe pública exige la aplicación rigurosa de varios principios: de responsabilidad, de calificación, el principio de autonomía financiera, de prioridad, de rogación, principio de especialidad, de tracto sucesivo o el principio de publicidad. En definitiva, un sistema registral de fe pública habría perseguir tres objetivos esenciales: reflejar fielmente los derechos de propiedad inmobiliarios, incluidas sus limitaciones, sean privadas o públicas. En segundo lugar, sería necesario que bastara la consulta de las inscripciones registrales vigentes para conocer la titularidad y cargas que afectan a los inmuebles. Por último, es fundamental que el Registro no solo publique sino también garantice la legalidad y certeza de lo publicado, asumiendo las responsabilidades correspondientes en caso de error.Para descargar el documento completo, pinchar aquí