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INMATRICULACION POR CERTIFICACIÓN ART. 206 LH. TITULARIDAD CATASTRAL. NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA DE DEFECTOS El procedimiento registral no es un procedimiento administrativo

Resolución de 25 de septiembre de 2017, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad de Segovia n.º 3, por la que se suspende la inmatriculación de una finca en virtud de certificación.

Leer resolución completa.

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PERÚ – Tribunal registral

Tribunal Registral. Resolucion vinculada a a la Resolución nº1898-2016-SUNARP-TR-L: Matrimonio entre personas del mismo sexo realizado en el extranjero. El registrador denegó su incripción y se apeló ante el Tribunal que finalmente resolvió en el sentido que indican las resoluciones. Leer la resolución completa.

(Fuente: Luis Alberto Aliaga Huaripata)

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PERÚ: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS – SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS (SUNARP).

Tribunal Registral. Resolución nº1898-2016-SUNARP-TR-L: Matrimonio entre personas del mismo sexo realizado en el extranjero. “Procede la inscripción de transferencia a favor de personas del mismo sexo casadas en el extranjero, pues ello no atenta contra el orden público internacional”.

Leer la resolución completa

(Fuente: Luis Alberto Aliaga Huaripata)

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Carácter ganancial de la vivienda familiar en la cuota del precio correspondiente a las cantidades del préstamo hipotecario pagadas constante matrimonio

 Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 7 Julio 2016

 Vivienda adquirida por los litigantes en estado de solteros. Pago de parte del precio mediante un préstamo hipotecario satisfecho con dinero ganancial desde que contrajeron matrimonio. Equiparación, a efectos de lo dispuesto en los arts. 1357 y 1354 CC, de las amortizaciones de la hipoteca y de los pagos de una compraventa a plazos.

En el curso de la formación de inventario en un procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales, surge la controversia respecto a la vivienda familiar, adquirida por ambos litigantes en estado de solteros, y respecto a la cual abonó la esposa con dinero propio y de sus padres al tiempo del otorgamiento de la escritura de compra-venta, el 53,50% del precio, y quedando el 46,50% restante pendiente de abono con un préstamo hipotecario concertado el mismo día, cuyas cuotas fueron abonadas con cargo a la sociedad de gananciales.

Cuando la vivienda ha sido comprada conjuntamente por ambos esposos, antes de contraer matrimonio por precio aplazado, de forma que una parte del precio se paga estando aún solteros, con dinero privativo, y el resto durante el matrimonio con dinero ganancial, este pago, vigente la sociedad y con dinero de ésta, del préstamo hipotecario se equipara al pago aplazado del precio, pues son plenamente equiparables a los pagos de una compraventa a plazos, las amortizaciones de la hipoteca solicitada para el pago del precio.

El pago, vigente la sociedad y con dinero de ésta, del préstamo hipotecario solicitado para abonar el precio de la compraventa del inmueble se equipara al pago aplazado del precio, y por ello, tales cantidades del préstamo hipotecario abonadas constante matrimonio implican que se le atribuya al bien, en esa parte, el carácter ganancial, perteneciendo en pro indiviso por esa cuota al activo de la sociedad de gananciales.

El Supremo estima parcialmente el recurso de casación y en los autos de formación de inventario en procedimiento de liquidación de sociedad de gananciales acuerda incluir en el activo de la sociedad de gananciales la cuota que corresponda del total del precio, en proindiviso, por las cantidades pagadas del préstamo hipotecario, constante matrimonio, respecto de la vivienda familiar y los abonos relacionados con el pago del IBI de la vivienda.

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Tribunal Supremo, en sentencia de 21 de julio de 2016.

Los bancos no está obligados a indagar acerca de un inmueble más allá de lo que conste en el Registro de la Propiedad, por lo que, en caso de que existan cargas o circunstancias ocultas, se presume la buena fe y el desconocimiento de estos hechos por parte de la entidad, según establece el ponente, el magistrado Pantaleón Prieto, determina que “de la prueba practicada no puede deducirse que el banco actuara de mala fe“, ya que éste “posee diversos servicios jurídicos, pero no para conocer la situación de las fincas, pues para ello y dotar de seguridad al tráfico jurídico, se creó el Registro de la Propiedad”.

Señala el magistrado que “la parte actora actuó negligentemente no protegiendo sus intereses, pues debía haber comprobado la inscripción de las prohibiciones de enajenar escrituradas en el Registro o en su caso interesando por sí misma su inscripción“. Además, afirma que “no puede perjudicar lo no inscrito salvo que se pruebe que se conocía y no se ha efectuado actividad probatoria al respecto“.

Incumplimiento posterior

En el caso en litigio, los recurrentes pidieron que se declarasen resueltos por incumplimiento de la empresa adquiriente los contratos de compraventa y permuta formalizados en escrituras mediante los que transmitieron a aquella compañía la propiedad de una finca, con prohibición de disponer de ésta y de gravarla, y quedando la transmisión sometida a una condición resolutoria explícita. La prohibición, a pesar de su importancia, no se reflejó en el Registro de la Propiedad.

A pesar de ello, la adquiriente constituyó tres hipotecas a favor del Banco para garantizar ciertos créditos que la entidad le había concedido a ella y a otra sociedad filial.

Los demandantes reclamaron que se declarase nula la hipoteca del banco en virtud de aquellas prohibiciones de disponer porque, aseguraban, aunque no habían accedido al Registro público, eran de sobra conocidas por el banco. De ahí que consideraran que el banco era fraudulentamente conocedor de que estaba garantizándose su deuda con la hipoteca sobre una finca que no pertenecía al deudor.

Por ello, solicitaron la cancelación de las inscripciones en el Registro de la Propiedad causadas por los contratos de compraventa y permuta, así como las correspondientes a las hipotecas a favor de banco.

La entidad aseguró, por su parte, que el banco era conocedor de las transmisiones patrimoniales habidas entre aquellas empresas, pero no de las condiciones particulares y prohibiciones de disponer que se establecieron entre ellos y que, además, no se publicaron en el Registro de la Propiedad.

En Primera Instancia se dio la razón a los reclamantes, mientras que la Audiencia Provincial estimó el caso de forma parcial. Finalmente, el Supremo, en esta sentencia, da la razón plenamente al banco.

Según esta doctrina, “se presume la exactitud de los derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad y se ampara a quien adquiere nuevos derechos confiando en que es cierto lo que está inscrito en el Registro“.

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Resolución de 11 de julio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de España, se plantea si estando inscrita una hipoteca a favor de una persona es inscribible el decreto judicial de adjudicación, cuando la parte ejecutante es una persona distinta de la titular registral o si para ello es necesaria la previa inscripción a su favor. Se acompaña Decreto por el que se acuerda la subrogación en la situación procesal de la parte ejecutante y el contrato privado de compraventa de dicho crédito.

La Dirección reitera y resume su doctrina en esta materia recordando que para la ejecución extrajudicial no cabe ni siquiera expedir la certificación de cargas, mientras que en la judicial es posible la expedición de la certificación, pero para inscribir la adjudicación o remate es preciso el cumplimiento de los requisitos del tracto sucesivo, es decir la inscripción de la hipoteca a favor del ejecutante, aunque se haga en el mismo momento por el mecanismo del tracto abreviado.

Una vez sentado este criterio hay que analizar si en el presente supuesto se cumplen los requisitos documentales para poder inscribir la transmisión del crédito. La Dirección confirma el criterio del registrador: la subrogación en la situación procesal se ha dispuesto en virtud de decreto de 21 de octubre de 2015, basándose en el contrato privado de compraventa celebrada entre las partes. De acuerdo con el principio de legalidad (art 3 LH), se exige documento público o auténtico para que pueda practicarse la inscripción en los libros registrales,  lo que no quiere decir que los actos inscribibles puedan constar en cualquiera clase de documentos público indistintamente, sino en aquellos que legalmente sean los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; Por otra parte, a tales efectos, los documentos privados no son, en vía de principio, equivalentes a los públicos. El decreto judicial no altera el carácter privado del documento que menciona y se limita a acreditar haberse estimado la legitimación procesal pero el acuerdo en el contenido supone una transmisión de un derecho real de hipoteca que material y formalmente habrá de cumplir los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para su inscripción en el Registro. Y a tal efecto, el art 149 LH, indica con total claridad, y sin excepciones, que «la cesión de la titularidad de la hipoteca que garantice un crédito o préstamo deberá hacerse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad», lo cual es plenamente congruente con los principios de tracto sucesivo (art 20) y de legitimación registral (art 38) y en la ejecución (art 130 LH) por tanto, un documento privado, aun cuando hay servido para tener judicialmente por acreditada la sucesión procesal en la posición jurídica del ejecutante de la hipoteca, no es en ningún caso título hábil para obtener la inscripción registral de la transmisión del derecho real de hipoteca. (MN)

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PUBLICIDAD REGISTRAL. NOTA SIMPLE LITERAL. REQUISITOS 

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Valencia n.º 1 a emitir una nota simple literal.

Se solicita una nota simple literal y por la Dirección se reiteran los principios básicos mantenidos por el propio Centro en esta materia de publicidad formal y la relación con la regulación de protección de datos

El contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos (arts 221 y 222 LH y 332 RH), y que dicho interés se ha de justificar ante el registrador. Interés que ha de ser conocido (en el sentido de acreditado o justificado, salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o cargo, en art. 221.), directo (en caso contrario se ha de acreditar el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en art. 332.3 RH), y legítimo (art. 332.3 RH), que alcanza cualquier interés lícito.

Tal interés legítimo ha de probarse a satisfacción del registrador y de acuerdo con la ley de protección de datos sólo se podrán recoger datos de carácter personal para el tratamiento automatizado cuando los datos sean adecuados, pertinentes y no excesivos conforme a las finalidades para las que se hayan obtenido. Datos no podrán usarse para finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido recogidas.

Los Registradores informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter personal (art. 222.6LH) lo que implica que «los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes». Por tanto, aun existiendo interés legítimo será el registrador el que decida qué datos deberán quedar excluidos de la información suministrada.

Respecto a la petición de que sea literal, no se puede dar nota simple literal de todo el historial registral pues éste comprende asientos no vigentes y la intención del legislador ha sido clara de permitir sólo la nota literal de los asientos vigentes, (art. 222.4 LH), superando así el anterior criterio en el que solo se permitía expedir notas simples literales a efectos tributarios, de valoraciones inmobiliarias o con finalidad de otorgamiento de préstamos o créditos con garantía hipotecaria que recoge el artículo 332.5 RH, que debe entenderse formalmente derogado en cuanto este aspecto.

Respecto a la incorporación de fotocopias a las notas simples, sólo será posible si se solicita expresamente, si el registrador aprecia interés legítimo, sin extenderse más allá de lo que sea necesario para satisfacer ese legítimo interés y excluyendo siempre los datos de carácter personal o que sean legalmente objeto de especial protección así como los asientos no vigentes.

Así se confirma el defecto por cuanto no ha quedado suficientemente acreditado en la instancia de nota simple, el interés legítimo y la causa de la solicitud. Pero interpreta que, al solicitar la información contenida en los asientos vigentes y tratarse de bienes pertenecientes a Administraciones Públicas, parece que no se conculcaría

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Sociedad anónima. Principio de prioridad: Presentación sucesiva de títulos contradictorios: Procede suspender la calificación.

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de Ibiza a inscribir una escritura de elevación a público de determinados acuerdos sociales de una entidad.

Hechos: Los hechos de esta resolución son los siguientes:

  1. Existe presentada en el registro un acta notarial de la que resulta el nombramiento de un nuevo administrador de una sociedad. La junta se celebró el 8 de septiembre de 2015. Dicho documento está suspendido por diversos defectos.
  2. A continuación se presenta una escritura de elevación a público de acuerdos adoptados en junta de fecha anterior a la del acta notarial antes reseñada, de cese de administrador único, disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador.

El registrador suspende la calificación de esta escritura “hasta que no se despache o se cancele por caducidad el asiento de presentación referente al acta notarial”.

Basa su calificación en el artículo 10 Reglamento Registro Mercantil, por el que el documento que acceda primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación y en la doctrina de la DG relativa a que el registrador en su calificación debe tener en cuenta todos los documentos presentados(Resolución Dirección General Registros y Notariado 21 de diciembre de 2010, y de 6 Julio 2004).

El interesado recurre alegando que “el principio de prioridad registral tiene excepciones cuando resulta la nulidad del título primeramente presentado a la vista del segundo, y, a su juicio, esta es la situación que acontece en este caso en el que una vez acordada la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidador es nulo el nombramiento posterior de administrador, pues no cabe renovar la administración de una sociedad disuelta”

 Doctrina: La DG confirma la nota de calificación.

Recuerda su doctrina de que el principio de prioridad es aplicable a los documentos presentados en el registro mercantil pero que, en numerosas ocasiones el Centro Directivo (cfr., por todas, las Resoluciones de 13 de febrero y 25 de julio de 1998, 29 de octubre de 1999, 28 de abril de 2000, 31 de marzo de 2001 y 5 de junio de 2012), ante una contradicción insalvable de los títulos presentados ha afirmado: en primer lugar, que el registrador en su calificación deberá tener en cuenta no solo los documentos inicialmente presentados, sino también los auténticos y relacionados con estos, aunque fuese presentados después, … y en segundo lugar, que hay que tener bien presente la especial trascendencia de los pronunciamientos registrales con su alcance «erga omnes» y habida consideración de la presunción de exactitud y validez del asiento registral y del hecho de que el contenido tabular se halla bajo la salvaguardia de los tribunales mientras no se declare judicialmente la inexactitud registral”.

Por ello concluye que el registrador en estos casos de títulos contradictorios presentados a inscripción “debe suspender la inscripción de los títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente, cuya función el registrador no puede suplir en un procedimiento, como es el registral”.

Comentario: Reiteración de una doctrina que puede considerarse ya clásica de nuestro CD. Ante dudas sobre validez o nulidad de unos acuerdos, por existir presentados títulos contradictorios en el registro, lo procedentes es suspender la calificación de todos ellos y remitir la cuestión a los Tribunales de Justicia. Como en el caso de la resolución el que se califica, aunque de junta de fecha anterior, se presentó con posterioridad, si el primer documento presentado fuera subsanado, tampoco procedería su despacho pues habría que suspenderlo por la doctrina antes expuesta. (JAGV).

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Cuestiones prejudiciales comunitarias sobre las consecuencias de la declaración como abusiva de la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo hipotecario

Juzgado de Primera Instancia nº 1 Fuenlabrada, Auto 8 Febrero 2016

Onerosidad irrazonable para el profesional del contrato remanente. Integración del contrato con una regla mínimamente tolerable para el profesional. Subsistencia del contrato sin la cláusula de vencimiento anticipado. Renuncia del consumidor a la protección conferida por la Directiva 93/13. Vulneración del principio de Vulneración del principio de efectividad.

La entidad financiera ejercitó acción de ejecución hipotecaria por impago de las cuotas, aplicando la cláusula que autorizaba la resolución unilateral del contrato en caso de falta de pago de una cuota cualquiera de amortización.

El Juzgado que conoce del asunto decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones prejudiciales.

La primera de ellas se refiere a si el art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993 (LA LEY 4573/1993), sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que un contrato no puede subsistir sin la cláusula abusiva cuando el contrato remanente fuera irrazonablemente oneroso para el profesional.

El Juzgado duda acerca de si la onerosidad irrazonable para el profesional del contrato remanente es o no un criterio para enjuiciar la posibilidad de subsistencia del contrato. Lo que cuestiona es si puede subsistir el contrato si tras la supresión de la cláusula abusiva, aunque esta no afecte al objeto principal del contrato, la vinculación al contrato devendría irrazonablemente onerosa para el profesional.

Supuesto que el contrato no pueda subsistir sin la cláusula abusiva ineficaz, por determinar una onerosidad irrazonable para el profesional, la segunda cuestión planteada es si, en tal caso y para salvar la subsistencia del contrato, en protección del consumidor, el juez nacional tiene la facultad de sustituir la cláusula abusiva por una disposición supletoria de Derecho nacional o bien sería más adecuada la integración del contrato con una regla mínimamente tolerable para el profesional.

La duda se le presenta al Juzgado en este caso porque, aunque el TJUE admitiría la integración con el Derecho supletorio para evitar la penalización del consumidor, se podría objetar que ello pone en riesgo el carácter disuasorio o preventivo del régimen sobre cláusulas abusivas y que, en consecuencia, lo más adecuado, en este caso, sería integrar el contrato no con el equilibrio equitativo del Derecho supletorio sino con una regla mínimamente tolerable para el profesional , es decir, con una regla que, simplemente, convierta la onerosidad irrazonable en razonable.

La tercera cuestión planteada es si la ineficacia de una cláusula de vencimiento anticipado permite la subsistencia del contrato, en el sentido de la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993).

El Juzgado considera que la posibilidad de subsistencia del contrato o, lo que es lo mismo, la posibilidad de la invalidez o ineficacia parcial, debe plantearse en términos de razonabilidad en las circunstancias.

La cuarta cuestión es si el consumidor puede renunciar a la protección conferida por la Directiva 93/13 (LA LEY 4573/1993). En esta materia, el Juzgado no ve razón para apartarse de la vieja regla de Derecho por la que, ante el tribunal, todos tienen facultad para renunciar a lo que en su favor se ha establecido. Ya en el seno del procedimiento de ejecución, no se trataría de una renuncia a la ley sino a un derecho. Además, es la solución más respetuosa con el principio dispositivo como proyección en el campo procesal de la autonomía privada.

La quinta y última cuestión que se plantea es si cumple con el principio de efectividad una ley procesal nacional por la que el consumidor solo puede hacer valer determinados derechos o ventajas legales en el supuesto de que acepte someterse a un proceso especialmente expeditivo como es el de ejecución hipotecaria. En particular, se cuestiona si un Ordenamiento cumple el mandato de protección dirigido al Legislador cuando los derechos sustantivos del consumidor (en concreto, la rehabilitación del préstamo, la exoneración parcial de deuda o el tipo mínimo de subasta) varían, únicamente, en función de la vía procesal elegida por el acreedor y, en este marco jurídico, el Ordenamiento solamente auxilia al consumidor si se somete a un régimen procesal especialmente gravoso o expeditivo.

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Los notarios no pueden ejercer un control de legalidad sobre los préstamos hipotecarios

TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, S 528/2016, 7 Marzo

Nulidad parcial de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de Octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, en la medida en que atribuye al Notario un control de la legalidad de los actos y negocios que autoriza y otorga la facultad de denegar la autorización de un préstamo. El art. 18 de LH señala que el registrador calificará la validez del documento…Por tanto, el control de la legalidad corresponde al registrador de la propiedad

Para el Supremo, la habilitación al Ministerio de Economía y Hacienda para que apruebe las normas necesarias para garantizar el adecuado nivel de protección de los usuarios de servicios financieros en sus relaciones con las entidades de crédito, permite adoptar las previsiones técnicas necesarias para dictar normas dirigidas a promover las prácticas de concesión responsable de préstamos o créditos y la información precontractual que debe facilitarse a los consumidores, pero no supone una habilitación general para establecer un control notarial de la legalidad del negocio jurídico intervenido, ni para denegar su autorización como consecuencia del juicio de legalidad desfavorable, como tampoco para establecer un nuevo recurso administrativo contra su decisión denegatoria.

De entre todas las normas invocadas, ninguna contiene la habilitación suficiente para conferir a los Notarios el control de la legalidad y, eventualmente, la facultad de denegar la autorización de los negocios jurídicos. La expresa habilitación para denegar la autorización de contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de una cláusula declarada nula por abusiva en una sentencia que esté inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, no puede entenderse como una habilitación legal de carácter general que enerve la necesidad de que exista una sentencia judicial previa que así lo declare.

La competencia del Notario de informar a los consumidores y usuarios es una competencia distinta al control de legalidad sobre el negocio jurídico que autorizan y sobre la posibilidad de denegar la autorización correspondiente.

Para el Supremo, no existe en la actualidad cobertura legal para establecer un control notarial sobre la legalidad del contrato o negocio jurídico más allá de los casos expresa y tasadamente previstos, lo que lleva a confirmar la nulidad parcial de la Orden EHA/2899/2011, por cuanto atribuye a los Notarios un control de legalidad sobre los préstamos hipotecarios que les permita denegar una autorización del préstamo.

De entre todas las normas invocadas, ninguna contiene la habilitación suficiente para conferir a los Notarios el control de la legalidad y, eventualmente, la facultad de denegar la autorización de los negocios jurídicos. La expresa habilitación para denegar la autorización de contratos o negocios jurídicos en los que se pretenda la inclusión de una cláusula declarada nula por abusiva en una sentencia que esté inscrita en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, no puede entenderse como una habilitación legal de carácter general que enerve la necesidad de que exista una sentencia judicial previa que así lo declare.

La competencia del Notario de informar a los consumidores y usuarios es una competencia distinta al control de legalidad sobre el negocio jurídico que autorizan y sobre la posibilidad de denegar la autorización correspondiente.

Para el Supremo, no existe en la actualidad cobertura legal para establecer un control notarial sobre la legalidad del contrato o negocio jurídico más allá de los casos expresa y tasadamente previstos, lo que lleva a confirmar la nulidad parcial de la Orden EHA/2899/2011, por cuanto atribuye a los Notarios un control de legalidad sobre los préstamos hipotecarios que les permita denegar una autorización del préstamo.

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Resolución de 4 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Compra por casados con distinta nacionalidad. Régimen económico matrimonial

Mediante escritura doña A.I.M.S. vendió una finca a los cónyuges don M.F., de nacionalidad marroquí, y doña B.C.D., de nacionalidad estadounidensemanifestando estos estar casados «en el régimen legal de su nacionalidad».

El registrador suspende la inscripción ya que, dado que dichos consortes no tienen una nacionalidad común, estima que será necesario aclarar cuál es el régimen económico-matrimonial que ostentan dichos consortes, y en función del mismo, en su caso, deberá expresarse la proporción en que los compradores adquieren la finca trasmitida.

 LA DGRN confirma la nota de calificación y hace mención a la resolución de 5 de marzo de 2007 para resolver que queda claro que el artículo 92 del Reglamento Hipotecario que se limita a exigir en el caso de adquirentes casados cuyo régimen económico-matrimonial estuviera sometido a una legislación extranjera, que se exprese en la inscripción que el bien se adquiere «con sujeción a su régimen matrimonial», no necesita de mayor aclaración en el caso de tratarse de dos cónyuges extranjeros de la misma nacionalidad, pues su régimen económico-matrimonial, a falta de pacto, será el régimen legal correspondiente a su ley nacional común; sin embargo, necesita en el caso de tratarse de dos esposos de distinta nacionalidad, la determinación de cuál sea la ley aplicable a su régimen económico-matrimonial, de acuerdo con los criterios de conexión que determinan las normas de conflicto de derecho internacional privado español contenidas en el artículo 9.2 del Código Civil que dispone: «Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio».

De esa manera podrá saberse, si la ley aplicable a su régimen económico-matrimonial será una ley extranjera, lo que posibilitará que de acuerdo con el artículo 92 del Reglamento Hipotecario la finca se inscriba con sujeción al régimen matrimonial de esa ley nacional, sin necesidad de especificar cuál sea aquél, o por el contrario, el régimen económico-matrimonial se rige por la legislación española, por lo que de acuerdo con el artículo 51.9 del Reglamento Hipotecario, habría que manifestar y, en su caso, acreditar (si derivara de un pacto capitular), el régimen económico-matrimonial concreto, por afectar la adquisición que se inscribe a los derechos futuros de la sociedad conyugal (cfr. artículos 93 a 96 del Reglamento Hipotecario)

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Condición resolutoria. Ejercicio cancelación de asientos posteriores

Resolución de 17 de septiembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador de la propiedad interino de Valverde, por la que se suspende la cancelación de los asientos posteriores derivados del ejercicio de una condición resolutoria.

Hechos: Consta inscrita una permuta garantizada con condición resolutoria. Se sigue procedimiento judicial en el que se dicta una sentencia declarando el incumplimiento y por tanto la readquisición a favor del propietario inicial. Se ordena también cancelar las cargas posteriores.

El registrador inscribe la readquisición pero deniega la cancelación de las cargas posteriores por no haber tenido intervención en el procedimiento, conforme a la doctrina de la DGRN que cita.

El interesado recurre y alega que el registrador se extralimita en sus funciones al no dar cumplimiento a un mandamiento judicial , y además cita en su favor lo dispuesto en el artículo 175.6 RH y el criterio de la DGRN en una Resolución de 27 de Mayo de 2005.

La DGRN desestima el recurso por idénticos motivos a los precedentemente expuestos en la Resolución 345 anterior del presente informe y además añade que aunque no es necesario que los titulares de cargas sean demandados y exista un litisconsorcio pasivo necesario, sí deben de ser notificados de la existencia del procedimiento para que puedan comparecer y defender sus intereses.

Por todo ello, el ejercicio de la facultad de purga de asientos posteriores procedente de la condición resolutoria exige, bien que se hubiera anotado con anterioridad la demanda de su ejecución en el Registro, bien la intervención de los titulares de los indicados asientos en el procedimiento de resolución correspondiente para evitar su indefensión. (AFS)

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Sentencia nº 139/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 25 de Marzo de 2015 CLÁUSULAS SUELO. RESTITUCIÓN DE LOS INTERESES AL PRESTATARIO.

Doctrina: Se fija como doctrina: “Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013 , ratificador la de 16 de julio de 2014, Rc. 1217/2013 y la de 24 de marzo de 2015,Rc. 1765/2013 se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013 “.

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