Declaración de La Antigua
La Declaración de La Antigua pretende poner de manifiesto la función económica que están llamados a cumplir los sistemas registrales – favorecer el crecimiento económico, el bienestar público y la paz social, mediante la protección jurídica de los derechos de propiedad y, especialmente, de las transacciones con los mismos -, así como los principios organizativos y gestores a los que idealmente deben acomodarse para cumplir dicha función con el más alto grado posible tanto de eficiencia como de eficacia. Se persigue con ello ofrecer un modelo que sirva de referente a las autoridades de los diferentes países a la hora de instrumentar sus respectivas políticas.
La Declaración de La Antigua fue firmada el 21 de febrero de 2003 por Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
La semana pasada fue ratificada en la Asamblea General de IBEROREG.
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